EXIGIMOS LA ACTUALIZACIÓN INMEDIATA DE LAS INDEMNIZACIONES POR DESPLAZAMIENTOS, CONGELADAS DESDE HACE AÑOS.
Miles de docentes (maestros itinerantes, orientadores, etc.) e inspectores de educación utilizamos diariamente nuestros vehículos particulares para desplazarnos a los centros y servicios educativos para llevar acabo las tareas encomendadas por las correspondientes administraciones educativas.
En concreto los inspectores de educación efectúan visitas a centros y servicios en función del artículo 153 de la LOE-LOMLOE.
La indemnización por la utilización del vehículo particular está fijada en la mayoría de Comunidades Autónomas en 0,19 céntimos de euro por km, en las restantes comunidades unos céntimos más. Esta irrisoria compensación por utilizar nuestros vehículos particulares no ha cambiado desde hace más de 16 años en la mayoría de los casos.
Estas cuantías están totalmente desfasadas, sobre todo teniendo en cuenta el incremento del IPC de estos últimos meses a consecuencia de la escalada continua y generalizada de los precios de los carburantes.
A esta situación hay que añadir que los gastos generados por el mantenimiento de los vehículos particulares corren a costa de cada docente y de cada inspector/a, con lo que, en parte, estamos financiando un tipo de parque móvil sui géneris. Tampoco las administraciones disponen de un seguro de accidentes que cubra posibles siniestros en desplazamientos motivados por razones de servicio público.
ES IMPRESENTABLE QUE A LOS INSPECTORES Y A LOS DOCENTES ITINERANTES LES CUESTE DINERO HACER SU TRABAJO.
Es inaceptable que a determinados empleados públicos como los inspectores de educación y los docentes itinerantes (miles en toda España) les cueste dinero realizar las funciones establecidas por las propias Administraciones educativas. A un inspector, hoy por hoy, utilizar su propio vehículo para trabajar le está costando una media de 300 euros mensuales.
USIE exige que se efectúe de manera inmediata la actualización de la compensación económica por desplazamientos en el desempeño del puesto de trabajo de los inspectores de educación y de los demás empleados públicos.
El Ministerio de Hacienda y Función Pública, debe actuar ante esta situación previo trámite en la Mesa General de Negociación de ámbito de personal funcionario y laboral del conjunto de las Administraciones Públicas, según regula el artículo 36.1 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).
Las administraciones educativas de las comunidades autónomas deben adoptar de forma urgente las medidas necesarias en su ámbito de competencias con el fin de resolver este perjuicio que sufren miles de docentes e inspectores.
Los medios de comunicación se hacen eco de esta demanda profesional:
https://www.larazon.es/educacion/20220630/peg4vut2tfh2zb3b6w6w24w3y4.html
https://www.vozpopuli.com/espana/inspectores-gobierno-carburantes.html
