EDITORIAL. LA HISTORIA SE REPITE: A VUELTAS CON EL NECESARIO PACTO POR LA EDUCACIÓN

Abstract

En el editorial del anterior número se exponía la situación creada tras las elecciones generales. Pasados tres meses, la convocatoria de unas nuevas elecciones parece inevitable y seguramente lo dicho en ese editorial servirá igualmente para analizar los resultados de la siguiente llamada a las urnas, ya que el panorama probablemente seguirá requiriendo de los acuerdos de diferentes fuerzas políticas para conformar un gobierno, que entre sus principales objetivos y líneas de actuación tendrá el sistema educativo. En el citado editorial ya se puso como ejemplo la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las principales fuerzas políticas atendiendo a sus propios programas, exponiendo propuestas que seguramente todos los partidos compartirían, ocultando para ello su origen y demostrando que puede haber puntos de encuentro.

Pero ni siquiera en estos meses de negociaciones, acuerdos y desacuerdos el sistema educativo ha tenido tregua atendiendo a las propuestas que en el Congreso se han propugnado para paralizar la implantación de la LOMCE. Una vez más la comunidad educativa no está segura de cuál será el marco normativo no ya en los próximos años sino en los próximos meses. Es una época que si bien no es comparable a la vivida con anterioridad a la aprobación de la Constitución de 1978, sí tiene algunas características semejantes, tales como la incertidumbre y la necesidad de acuerdos.

La Constitución de 1978 nació fruto de un amplio pero difícil consenso político que en el caso de la educación todavía supuso un mayor esfuerzo de diálogo y de generosidad. Mientras que en nuestra historia constitucional las referencias a la educación se limitaban a reconocer el derecho a fundar instituciones educativas, la Constitución de 1978 aportó por primera vez el reconocimiento conjunto de dos derechos, siendo recogidos en el artículo 27.1: “Todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”. El conjunto del artículo 27 no parece aportar mucho, de hecho una constitucionalización tan escueta del derecho a la educación es el origen de algunos de los desencuentros posteriores, considerándose uno de los artículos de la Constitución más polémicos, sin embargo se llegó a un acuerdo de mínimos y fue suficiente para alcanzar el objetivo en esos momentos.

Los debates constitucionales demuestran el enfrentamiento que se produjo entre las fuerzas políticas conservadoras-liberales y las fuerzas políticas progresistas, propugnando cada bloque un modelo diferente de sistema educativo, ¿Nos recuerda esta situación a la actual tras casi cuarenta años de democracia?. El acuerdo era imprescindible y conllevó un consenso de compromiso. La indefinición del artículo 27 supuso a partir de ese momento conceder todas la atribuciones al poder legislativo para regular nuestra educación , sucediéndose una gran cantidad de leyes que nunca han contando con la aprobación del partido principal de la oposición, un hecho inaudito en otros ámbitos. De esta forma no sólo leyes, sino recursos de inconstitucionalidad y sentencias del Tribunal Constitucional jalonan nuestro sistema.

Desde una perspectiva pesimista solemos considerar que el debate sobre la educación es exclusivo de nuestro país y que nuestro sistema es manifiestamente mejorable. Sin embargo, la educación no es ajena a la disputa ideológica en otros países, es más, esta circunstancia sólo es posible en regímenes democráticos y no deja de ser un síntoma de salud del cuerpo social. Por otra parte, si bien nuestro sistema educativo es mejorable, también presenta muchas virtudes que deben ser preservadas. Pero nada de ello puede justificar la falta de entendimiento por parte de los principales partidos políticos, ya que hay un tiempo para el disenso y otro para el consenso, tal y como ocurrió durante la Transición, con una situación social, económica y política mucho más compleja.

La misma responsabilidad y altura de miras con la que ejercieron los padres de la Constitución su mandato se debe exigir en la actualidad a nuestros representantes políticos. La educación de las futuras generaciones no puede estar sometida constantemente al albur de los vaivenes políticos, por ello el pacto por la educación es imprescindible . Parece que nuestros servidores políticos no acaban de darse cuenta que por encima de determinadas ideas e intereses particulares, es necesario la toma de medidas más técnicas que políticas, basadas en la evaluación continua del sistema, el análisis de los resultados de forma objetiva, la referencia a aquellos sistemas que mejor funcionan, los estudios científicos y la opinión de los profesionales. El bien común requiere de un debate serio, para mantener aquello que funciona bien y para modificar lo que es mejorable, desterrando de una vez la interesada politización de nuestra educación. La historia se repite una legislatura tras otra, nuestra sociedad lleva demasiados años soportando esta situación y aunque para muchos alumnos y sus familias ya es demasiado tarde, nunca nos cansaremos desde la inspección de educación de exigir que nuestros políticos nos representen y sirvan, poniéndose de acuerdo en lo fundamental para asentar unas bases estables para nuestro sistema educativo más allá del parco artículo 27 de la Constitución.