LAS PROGRAMACIONES OFICIALES DE 1885 PARA LAS ESCUELAS DE MADRID. LA APORTACIÓN DEL INSPECTOR ANTONIO BUENAVIDA Y RÍOS

Resumen

• AUTORA: LÓPEZ DEL CASTILLO, M. T. INSPECTORA DE EDUCACIÓN E INVESTIGADORA EDUCATIVA

Aunque los primeros programas oficiales para las escuelas españolas no se publicaron hasta 1953, existe un interesante antecedente en 1885, año en que la Dirección general de Instrucción pública aprobó unos programas oficiales para las escuelas públicas de Madrid, con el propósito de extenderlos después a toda España.
Estos programas son poco conocidos porque no se publicaron en la Gaceta sino en un folleto, que contiene todas las “Disposiciones oficiales relativas a la organización de la Junta Municipal de primera enseñanza, Inspección y escuelas públicas de Madrid. Edición oficial”. (Madrid. Imp. del Colegio de sordomudos y de ciegos, 1885).
Regía entonces el ministerio de Fomento el conservador Alejandro Pidal y Mon, fundador de la Unión Católica, quien desde su toma de posesión, en enero de 1884, abordó una profunda reforma de todos los niveles educativos. Por lo que se refiere a la primera enseñanza en Madrid, la R. O. de 14 de marzo de 1884 disponía el nombramiento de una comisión de ilustres personalidades para que girasen una visita extraordinaria a todos las escuelas de la capital y propusieran las reformas necesarias. Por sendas órdenes de 3 de abril se regulaba su composición y atribuciones. Estaba compuesta por cuatro Consejeros de Instrucción pública: el catedrático de la Universidad Central Magín Bonet y Bofill y tres catedráticos de Instituto (Manuel Merelo, Sandalio Pereda y Acisclo Fernández Vallín), agregándose después a la comisión, como auxiliar, el inspector Jefe de Madrid, Antonio Buenavida y Ríos1 . Se nombró presidente a Manuel Merelo, quien había sido Director general de Instrucción pública durante el sexenio.
La importancia concedida a esta reforma se fundamentaba en el mal estado de las escuelas de la capital, que habían sido objeto de numerosas críticas y denuncias en la prensa, llegando a calificarse la situación de verdadero “desbarajuste”, que venía “apadrinándose por los Inspectores y por la Junta municipal”2 . Pero además, según confiesa el propio ministro, quería empezar la reforma por el municipio madrileño, porque la ley de instrucción pública de 1857 le reconocía un régimen especial, de modo que era posible introducir reformas sin modificar las leyes vigentes, aunque en el futuro se planteara su modificación, de acuerdo con los proyectos que preparaba el ministerio.
La actuación de los comisionados se extendió a lo largo de varios meses, entregando en diciembre un completísimo informe al Ministro3 .
Fruto de estos trabajos fue el R. D. de 12 de marzo de 1885 (G. M. del 17) y las numerosas disposiciones complementarias que lo desarrollan, relativas a la organización y funcionamiento de la Junta municipal, provisión de escuelas, derechos de los maestros, reglamento de la Inspección escolar y programas que habían de regir en las escuelas públicas. Todas ellas se publicaron conjuntamente en el folleto antes citado.