EDITORIAL Nº 58 OCTUBRE 2020

Resumen

PANDEMIA Y LOMLOE, CUESTIÓN DE PRIORIDADES

Estimada lectora, estimado lector:
El inicio del curso 2020-2021 ha estado marcado por la pandemia originada por la COVID-19. Con un gran esfuerzo por parte de los centros docentes –equipos directivos, profesorado, familias, alumnado, PAS…- han teniendo que adaptar su organización a la nueva situación, priorizando las medidas de seguridad y salud para todos los miembros de la comunidad educativa. Según los datos, por el momento los centros educativos no parecen ser un foco de contagio ni de transmisión del virus relevante, lo que significa que en los centros se están haciendo las cosas razonablemente bien.
La reapertura de los centros -por supuesto segura- tras el confinamiento del último trimestre del curso anterior y tras las vacaciones estivales era necesaria, la presencialidad es clave en la educación. Los datos no dejan lugar a dudas respecto del perjuicio, a pesar del esfuerzo que desde los centros docentes se realizó para adaptarse a la enseñanza a distancia, que puede sufrir en el presente y en el futuro el alumnado afectado. La continuidad de la enseñanza presencial para todos, pero especialmente para aquellos que presentan más vulnerabilidad social o dificultades en el aprendizaje, es básica para garantizar el derecho de todo el alumnado a la educación.
Sin embargo, el trabajo por parte de los centros debe ser acompañado por las Administraciones Educativas, que si bien han realizado en general un gran esfuerzo, consideramos que en su debe quedan un par de aspectos por solucionar, en concreto: la posibilidad de que parte del alumnado no acuda presencialmente todos los días lectivos a clase y la previsión de futuros escenarios -especialmente la posibilidad de retornar a
situaciones de confinamiento general- para lo cual la dotación tecnológica de los centros y la formación del profesorado debe estar resuelta.
Por parte del Gobierno del Estado, a través del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, se ha abierto la posibilidad de la exención temporal del requisito de formación pedagógica y didáctica de posgrado, exigible impartir docencia según el artículo 100.2 de la LOE. Además, este mismo Real Decreto permite a las Administraciones educativas autorizar la modificación por parte de los centros de los criterios de evaluación, promoción y titulación. De nuevo, cada una de las diferentes Administraciones Educativas podrán tomar decisiones que establecerán condiciones diferentes al alumnado, en función del territorio en el que estén escolarizados. No pensamos que esta posibilidad sea justa, equitativa ni que favorezca la calidad educativa.
Sin embargo, si ello es grave, de mayor gravedad consideramos la falta de sensibilidad por parte del Gobierno, por la imposibilidad real de participación de la comunidad educativa en la tramitación de la futura ley orgánica de educación (LOMLOE). Por primera vez desde el advenimiento de la democracia se ha impedido dar voz al profesorado, el alumnado, las familias, la inspección… después de que la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso haya rechazado –debido a los 20 votos del PSOE y de Unidas Podemos- que pueda participar la comunidad educativa a través de comparecencias.
No es la primera vez que una ley de educación nace sin consenso, al menos de los partidos mayoritarios, siendo por desgracia algo habitual en nuestra democracia. Una ley que no es fruto del diálogo y del consenso, no solo nace muerta, sino que seguramente no es la mejor ley, porque nace del convencimiento de que unos tienen la razón absoluta y los otros ninguna, y todos sabemos que, en el caso de la educación, esto no suele ser así.
No se entienden las evidentes prisas en la reforma del sistema educativo. Una reforma que repetimos, debería ser fruto del diálogo sosegado y del consenso mayoritario, basada en evidencias científicas, con soluciones técnicas y con recursos humanos, materiales y temporales destinados a la mejora de la calidad educativa para todo el alumnado. Sin embargo, la educación de nuevo se ha convertido en un campo de batalla en el que se citan las rivalidades políticas no siempre de forma constructiva sino destructiva, y donde los intereses generales -entre los que se encuentra disponer ya de una vez por todas, de un marco normativo educativo estable- velan por su ausencia.
Desde luego, la imposición en el ámbito educativo, tan complejo y tan cambiante, no pensamos que sea una adecuada estrategia para la verdadera mejora de la educación, por eso USIE y otros agentes sociales hemos reiterado nuestra petición de que la comunidad educativa sea escuchada en el parlamento, lo que lamentablemente no va a ocurrir dada la postura de la coalición gubernamental que con esta actitud rompe con su anterior trayectoria de petición de participación y apertura hacia la comunidad educativa.
Por nuestra parte, nuestro sindicato mantiene su hoja de ruta de mejora y dignificación de la inspección de educación por ello y nuestro empeño es proporcionar a nuestros afiliados, colaboradores y simpatizantes el mejor servicio que podamos ofrecerles. En este caso, la formación en tiempos como los actuales y la adaptación de la misma es imprescindible. De esta forma, próximamente se celebrará el I Encuentro virtual de la Inspección de Educación, que se celebrará los días 10, 12, 17, 19, 24 y 26 de noviembre. Os animamos a inscribiros y a aprender a través del mismo.
Os invitamos como siempre a leer nuestra revista, que contiene las habituales secciones, siempre interesantes para los profesionales de la educación en general y para los inspectores en particular. También os invitamos a que participéis en la revista remitiendo vuestros artículos y sugerencias, está abierta a todos los profesionales de la educación.

Podéis remitir hasta el día 15 de enero de 2021, al correo supervision21usie@gmail.es, vuestras propuestas y colaboraciones para el número 59, que se publicará a finales del mes de enero de 2021.
Recibid un cordial saludo del equipo que hace posible Supervisión 21.
El Consejo Editorial.