Publicado 2022-02-18
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Resumen
El autor contextualiza la LOMCE, en el ámbito de la numerosa y cambiante legislación reguladora del sistema educativo español, exponiendo los aspectos más relevantes de esta nueva ley orgánica que originarán cambios respecto a la situación actual. Se hace referencia al ya iniciado desarrollo normativo y a los obstáculos que pueden hacer que esta ley orgánica no alcance sus objetivos y acabe siendo un breve episodio más de nuestra historia educativa.
UNA TRAYECTORIA LEGISLATIVA INESTABLEEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 10 de noviembre la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). A esta ley orgánica educativa le precedieron la Ley Orgánica del Estatuto de Centros Escolares (LOECDE, 1980), La Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación, (LODE, 1985), la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE, 1990), la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEGCD, 1995) , la Ley Orgánica de Calidad de la Educación LOCE, 2002) y la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006). Desde la promulgación de la Constitución Española en 1978 ha habido siete leyes en 33 años, aunque dos de ellas realmente no se pusieron en practica. Además cabe señalar que estas leyes han sido modificadas a su vez por otras, así la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, modificaron la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación (LOE).
Es evidente que los diversos textos legislativos han estado directamente relacionados con cambios políticos; la LOECDE fue propuesta e impulsada por la extinta UCD, la LODE, la LOGSE, la LOPEGCE, y la LOE, por gobiernos del PSOE, mientras que la LOCE y la LOMCE surgen por iniciativa del PP.
Si contrastamos esta situación con el hecho de que la Ley de Instrucción Publica aprobada en 1857 (Ley Moyano) pervivió durante varios regímenes políticos (monarquía borbónica, Iª y II República, Franquismo) hasta su definitiva derogación en 1970 con la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) es evidente que nuestro sistema educativo como acertadamente señala Montero Alcaide desde 1978 “no ha conocido la estabilidad ni el consenso” (1). De ahí que cabe preguntarse si la LOMCE originará un cambio educativo o acabará siendo una norma efímera, si contribuirá a reformar la educación o todo quedará en una “anécdota”, en un “paréntesis” legislativo.
En la legislatura anterior se planteó un Pacto Educativo, originado por la convicción del entonces Ministerio de Educación de la imperiosa necesidad de dar respuesta a los constantes pésimos resultados en las pruebas PISA, el elevado índice de fracaso escolar y de abandono temprano en nuestro país, entre otros datos y motivos (2). Aunque dicho Pacto fracasó dejó en evidencia la anuencia de introducir cambios en el sistema educativo, de ahí las modificaciones de la LOE efectuadas por la Ley 2/2011 y la Ley 4/2011. Por otra parte el partido actualmente gobernante incluía en su programa electoral propuestas que requerían la modificación de la LOE.
El proceso iniciado con el anteproyecto de la ley en mayo del 2012, concluido con la publicación en el BOE, ha tenido momentos de gran tensión social y política destacando en ese aspecto la huelga general del 29 de octubre de 2013. Durante el año y medio de la tramitación del texto ministerial la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), al igual que otras entidades, efectuó en numerosas ocasiones alegaciones al proyecto tanto en reuniones con el Ministerio como posteriormente en sede parlamentaria.
Estas alegaciones, tanto de carácter general y específicas sobre la inspección de educación, se elaboraron a partir de las aportaciones de inspectores de educación, especialmente las aportadas por los asistentes al XIII Encuentro Nacional de Inspectores de Educación organizado por USIE en Toledo en octubre de 2012. (3). Entre las alegaciones de carácter general cabe citar las referidas a que el acceso a todas las enseñanzas postobligatorias con el Título de Graduado en ESO sin diferenciar la opción cursada en 4º de ESO, el mantenimiento del Consejo escolar como órgano colegiado de participación y de control (especialmente en lo referido a la gestión económica del centro, la aprobación del PEC, el RRI y la PGA y la admisión de alumnos), la existencia de unas mínimas garantías procedimentales y de requisitos de titulación en la movilidad del profesorado, el desarrollo mediante normativa estatal de la evaluación del profesorado y de la función directiva…
Otras propuestas estaban referidas a la inspección de educación: nuevas funciones, participar en las evaluaciones individualizadas establecidas en la LOMCE, acceso diferenciado mediante convocatoria única y extraordinaria de los inspectores accidentales, etc.
Estas alegaciones no fueron incorporadas al texto, aunque algunas si se asumieron, parcialmente, por ejemplo el incremento de las atribuciones de la Alta Inspección (la cual paradójicamente no incluye inspectores en su plantilla, lo que continua siendo una reivindicación de USIE) o la propuesta de que sí se modificaban las competencias del Consejo escolar de los centros públicos también deberían modificarse en la LODE las competencias de los centros concertados.