EDITORIAL nº 57 JULIO 2020 :

EL COVID-19 CAMBIA LA EDUCACIÓN…Y LA INSPECCIÓN (FINAL DE UN CURSO Y PRINCIPIO DE OTRO DIFERENTES A TODOS LOS ANTERIORES)

Estimado/a lector/a:
Debido a la pandemia por el Covid-19, el curso 2019-2020 ha sido un curso diferente
como también lo será el curso 2020-21. En el ámbito educativo las consecuencias de las medidas
tomadas por el Gobierno, especialmente a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
que estableció entre otras la suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y
etapas, ciclos, grados, cursos y niveles, incluyendo la enseñanza universitaria, y las causadas por la
Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, originada por el acuerdo de la Conferencia Sectorial de
Educación del 15 de abril, del que se desmarcaron cinco comunidades autónomas: País Vasco,
Andalucía, Región de Murcia, Comunidad de Madrid y Castilla y León, la cual estableció medidas
para el desarrollo del tercer trimestre del curso y el inicio del curso 2020-2021, no se conocen con
profundidad, aunque algunas de ellas son evidentes para toda la sociedad.
El artículo publicado el 3 de junio de 2020 por el Wall Street Journal sobre el impacto de la
pandemia en el ámbito escolar, en el cual se recogían las valoraciones, entre otras las de USIE, es
un fiel reflejo de la situación a nivel mundial.
Más allá de algunos datos estadísticos, como el incremento de la brecha digital, el
descenso del número de alumnado repetidor, el incremento de la tasa de titulados en las
diferentes enseñanzas o la mejoría de los resultados en la EBAU, observamos que los datos sobre
la atención recibida por el alumnado y las consecuencias en su rendimiento académico y
socialización no se conocen suficientemente.
Durante los meses de la suspensión de las clases presenciales, la atención al alumnado
ha sido muy dispar, dependiendo de cada Comunidad Autónoma, de cada centro o incluso de cada
profesional docente. Una atención a distancia al alumnado que debió estar en general mejor
planificada, implementada, supervisada y evaluada. La inspección pudiera haber tenido un
protagonismo esencial en el asesoramiento y apoyo a las labor docente, pero muchas
Administraciones no le confiaron esas funciones a la inspección. La complacencia de nuestras
autoridades educativas, temerosas de la realidad y de la crítica no ha fomentado el control y la
evaluación de lo acaecido estos últimos meses, de hecho echamos en falta estas evaluaciones y
estudios oficiales que den luz a lo acontecido contribuyendo a dar pistas para evitar repetir los
errores cometidos, principalmente de cara al curso que viene.
Estudios no oficiales como el realizado por el Proyecto Atlántida en el que ha colaborado
USIE, o extranjeros como los de la OCDE, señalan algunas consecuencias graves para el alumnado
provocadas por el confinamiento: la brecha digital, bien porque el centro no ha proporcionado esta

posibilidad o bien porque el alumnado o su familia no lo ha facilitado; la falta de medios de las
familias más desfavorecidas para acceder a la enseñanza a distancia; la menor eficacia de esta en
general, aunque esta sea de calidad, en relación a la presencial especialmente para el alumnado
con dificultades de aprendizaje, la pérdida de equidad en el sistema educativo, la desigual y a
menudo insuficiente competencia digital docente, las carencias de muchas plataformas
institucionales, etc.
Quizás los árboles no nos dejan ver el bosque, y los resultados del alumnado no
representen su rendimiento académico real, aunque ello ha tranquilizado momentáneamente los
ánimos del alumnado y sus familias. Sin embargo, la responsabilidad de las administraciones
educativas consiste en analizar los hechos, aprender de lo realizado –aciertos y errores- y planificar
el curso que viene –atendiendo a todos los escenarios posibles- para minimizar los perjuicios
causados por la pandemia.
Nuestro alumnado, cuando comience las clases en septiembre, habrá estado seis meses
sin recibir clases presenciales. El desfase real respecto a un curso académico ordinario –según
algunos estudios bastante alto, con posibilidad de incrementarse en los próximos cursos y que
puede tener consecuencias graves en su formación y empleabilidad futura- debe compensarse de
forma urgente y eficaz. Para ello es fundamental realizar un análisis real de las deficiencias y
establecer una propuesta educativa que permita remontar los perjuicios causados y por supuesto,
evaluar de forma objetiva estas estrategias y sus resultados.
Lo primero es la salud y en ese sentido las Administraciones están estableciendo medidas
para el próximo curso de distanciamiento y de grupos controlados. El problema surge con las
necesidades que provocan estas medidas, tanto en relación a las infraestructuras como en
relación al profesorado necesario. En algunas Comunidades Autónomas y en muchos centros ya se
da por hecho la imposibilidad de que todo el alumnado asista a todas las clases presenciales o que
se imparta todo el currículo oficial, y estos planteamientos no nos parecen razonables.
A las Administraciones y a los gobiernos que las dirigen, se les debe exigir que todo el
alumnado de nuestro país tenga las mismas oportunidades, las mejores, aquellas que les
garantiza el ordenamiento jurídico. Los políticos deben estar a la altura de la sociedad que dirigen
y respetar el derecho a la educación de todo el alumnado. Deben por lo tanto tomar medidas e
iniciativas, en colaboración con todas las Administraciones, para garantizar este derecho individual
pero con grandes repercusiones futuras para la sociedad en su conjunto. La brecha digital, que lo
es también educativa y social, se incrementa si la enseñanza no es presencial, y esa situación
puede darse el curso próximo, ya que cualquier escenario es posible.
Desde USIE, como siempre, recordamos a las Administraciones la profesionalidad y el
compromiso educativo de los inspectores e inspectoras de educación. Nuestro colectivo
profesional como garante de los derechos del alumnado, debería tener un papel más activo,
acorde a sus funciones en el asesoramiento, el control y la evaluación de las medidas adoptadas
en el próximo curso. Esperemos que cuenten con nosotros en la nueva coyuntura educativa pues
solo el esfuerzo común y el consenso podrán evitar repetir errores.

Durante el periodo del confinamiento USIE ha permanecido muy activo, no solo facilitando
información y asesoramiento a sus afiliados y colaboradores sino también publicando diversas
notas de prensa con propuestas sobre las órdenes ministeriales, la restructuración del Ministerio,
el mantenimiento del régimen de clases pasivas, etc. Asimismo se ha publicado la revista Educa
Nova no 10 en el mes de mayo, se ha firmado el convenio de formación con el Ministerio de
Educación, se han realizado tres cursos de formación on-line, además de varias reuniones del
Comité Ejecutivo Estatal. La voz de la inspección ha tenido eco en diferentes iniciativas como la
encabezada por el Proyecto Atlántida y la Fundación COTEC y en medios de comunicación
nacionales y extranjeros. Un sindicato de inspectores comprometido con sus integrantes y con la
sociedad de la que forma parte.
Os invitamos como siempre a leer este nuevo número de la revista, contiene las habituales
secciones, siempre interesantes para los profesionales de la educación en general y para los
inspectores en particular. También os invitamos a que participéis en ella, está abierta a todos los
profesionales de la educación, podéis enviar hasta el día 15 de octubre de 2020, a nuestro correo
supervision21@usie.es, vuestros artículos y demás colaboraciones para el no 58, el cual se
publicará a finales del mes de octubre de 2020.
Recibid un cordial saludo del equipo que hace posible Supervisión 21 y nuestro deseo de
que descanséis y disfrutéis de las merecidas vacaciones.


Supervisión 21 - Nº 57- Julio 2020

Otros artículos