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Home Supervisión 21 Editorial EDITORIAL. Nº 50 – Octubre de 2018

EDITORIAL

¿De nuevo una reforma educativa?

Estimado/a lector/a:
El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha abierto un periodo de consulta pública, hasta el 11 de noviembre, a las personas y organizaciones más representativas en el ámbito educativo, del anteproyecto de Ley Orgánica de modificación de la actual ley de educación.
Según el breve texto publicado por el Ministerio, la nueva norma pretende solucionar determinados problemas que provocó la aprobación de la LOMCE y que contó con la crítica de la comunidad educativa y de la sociedad, además de solucionar la suspensión la aplicación de algunos aspectos de ella..

Los problemas que trata de solucionar el Gobierno con la norma son entre otros: el aumento de la desigualdad en educación provocada por la organización de la enseñanza a través de itinerarios; las “reválidas” para la obtención de diferentes títulos, aunque fueron suspendidas; la posibilidad de publicar resultados de evaluaciones por centros; la organización compleja del currículo; la dependencia del currículo de los estándares de aprendizaje evaluables y no de las competencias; la eliminación de los ciclos en educación primaria, que han provocado un mayor número de alumnado repetidor; la reducción del papel de los poderes públicos en su función de garantizar el derecho a la educación a través de la creación de plazas públicas; la menor participación de los diferentes sectores en la gestión en favor de las competencias del director y de la Administración educativa; la configuración de la religión como materia específica en los dos cursos de bachillerato y por último, el excesivo reglamentarismo.

Según el Ministerio, estos problemas requieren de una solución inaplazable considerando además el rechazo social que provocó, para ello indica que deben eliminarse los aspectos más cuestionados y abordarse los que presentan una elevada coincidencia.

Los problemas más acuciantes de nuestro sistema los atribuye el Ministerio a la LOMCE. Ojalá este análisis fuera exacto, ya que de un plumazo, con su derogación, acabaríamos con los males de nuestra educación. Sin embargo, aunque se pueden discutir todos y cada uno de los aspectos reseñados y por supuesto podríamos estar de acuerdo en algunos de ellos, consideramos que el análisis no refleja ni mucho menos los problemas medulares que atenazan a nuestro sistema, de los cuáles la LOMCE no es precisamente su origen, aunque también podríamos debatir sobre si los ha corregido o no, porque tampoco se ha aplicado íntegramente dicha ley. Por otra parte, es curioso que tras dar por liquidada la negociación y hacer imposible el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, desde el Ministerio se lance esta propuesta de modificación de una ley orgánica que precisa para su aprobación de mayoría absoluta en el Congreso, y ya conocemos el actual equilibrio de fuerzas políticas.

Consideramos que de nuevo los políticos vuelven a las andadas, recordemos que ninguna de las leyes orgánicas de educación que jalonan nuestro actual periodo constitucional fueron aprobadas en su día por el principal partido de la oposición, y así continuamos y parece que continuaremos. La educación de nuestros niños y jóvenes, de nuestras generaciones futuras, se merece una estabilidad basada en criterios técnicos y evidencias científicas que justifiquen las reformas para la consecución de una calidad educativa que garantice para todo el alumnado el máximo desarrollo de su personalidad, al igual que han hecho otros países que todos tenemos en mente. Mientras tanto seguiremos discutiendo si son galgos o podencos.

En el marco del XIX Encuentro nacional de Inspectores de Educación, donde más de 300 profesionales nos reunimos para debatir sobre la situación de la educación, se ha expresado la preocupación por diversos problemas que afectan a nuestro sistema educativos como las diferencias de los resultados académicos y la inversión educativa en las diferentes comunidades autónomas. Así mismo se ha reivindicado una carrera profesional docente estructurada y motivadora, que no se limite a aprobar la oposición, que mejore la selección de los docentes y que incluya a la inspección, con mayor autonomía e independencia del poder político, siendo necesario para ello afrontar de una vez por todas la elaboración y promulgación del estatuto de la función pública docente. Por último, también se ha solicitado la simplificación del currículo de las diferentes etapas. Consideramos estos temas como medulares, del sistema educativo, incluso igual o más relevantes de los mencionados por el Ministerio para justificar la reforma legal.

Si bien podemos discutir sobre el fondo, las formas también nos parecen imprescindibles, y en este sentido consideramos que el Pacto de Estado Social y Político por la Educación era un buen instrumento para el debate y la participación de la comunidad educativa, que podría haber supuesto el germen de un acuerdo que diera estabilidad a nuestro sistema, cediendo como en toda negociación todas las partes, pero atribuyendo al acuerdo un carácter más reflexivo y de permanencia en el futuro. Parece que ésta no es la intención del Gobierno, en todo caso siempre tendrá la aportación de nuestro sindicato y de hecho realizaremos alegaciones al texto remitido, con la esperanza de que alguna de nuestras sugerencias sea aceptada, os iremos informando.

Os invitamos como siempre a leer nuestra revista, que cumple con éste su número 50 y que contiene las habituales secciones, siempre interesantes para los profesionales de la educación en general y para los inspectores en particular. También os invitamos a que participéis en la revista remitiendo vuestros artículos y sugerencias, está abierta a todos los profesionales de la educación. Podéis remitir hasta el día 15 de enero de 2018, a nuestro nuevo correo supervision21usie@gmail.es, vuestras propuestas y colaboraciones para el nº 51, que se publicará a finales del mes de enero de 2019.

Recibid un cordial saludo del equipo que hace posible Supervisión 21.

 

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