COMUNICADO: ¿DÓNDE ESTÁ LA INSPECCIÓN UNIVERSITARIA EN TIEMPOS DE COVID?
Son constantes las denuncias publicadas en los medios de comunicación y en las redes sociales por falta de información en estos primeros días del segundo cuatrimestre universitario, a pesar de que los estudiantes universitarios tienen “derecho a recibir la información por parte de las universidades sobre las actividades de las mismas que les afecten”, según establece el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario a lo largo de su articulado.
¿Qué derechos tienen?
Los estudiantes deberán recibir orientación y seguimiento de carácter transversal sobre su titulación, y dicha información atenderá, entre otros, a los siguientes aspectos marcados por el Real Decreto:
a) Objetivos de la titulación; b) Medios personales y materiales disponibles; c) Estructura y programación progresiva de las enseñanzas; d) Metodologías docentes aplicadas; e) Procedimientos y cronogramas de evaluación; f) Indicadores de calidad, tales como tasas de rendimiento académico esperado y real de los estudios; tasas de incorporación laboral de egresados.
Bajo el paraguas de la autonomía universitaria, cada universidad ha elaborado sus protocolos y guías que, en el mejor de los casos, incluyen los aspectos mencionados dando respuesta a la incertidumbre de alumnado y sus familias, aunque casi siempre tarde.
Y ¿quién vela por su cumplimiento?
Por su parte el Ministerio de Universidades, responsable de la coordinación de las relaciones con las comunidades autónomas en materia universitaria, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, tan solo ha publicado unas recomendaciones dirigidas a la comunidad universitaria para adaptar el curso universitario 2020-2021 a una presencialidad adaptada y medidas de actuación de las universidades ante un caso sospechoso o uno positivo de covid-19 y el listado de criterios y protocolos de adaptación de las universidades españolas ante la COVID-19 en el arranque del curso 2020/2021, solo públicas.
Pero ¿quién está supervisando el cumplimiento de las medidas y protocolos adoptados por las universidades (dando por válido lo que cada universidad apruebe claro)? ¿sigue siendo el rector o rectora juez y parte como acostumbra?
Desde USIE seguimos considerando necesaria la puesta en funcionamiento de la inspección universitaria en todas las Comunidades Autónomas para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y velar por los derechos de los estudiantes de estas enseñanzas que forman parte del sistema educativo español como señala la LOMLOE y LA LOE, una enseñanza superior que debe ser objeto de inspección por parte de los poderes públicos como señala el artículo 27.8 de la Constitución Española, aunque es evidente que gran parte de las autoridades educativas se han olvidado de ello,), unos derechos que deben ser respetados tanto si se trata de universidades de titularidad pública como de titularidad privada.
USIE denuncia esta situación y expresa su deseo de que la inspección universitaria sea una realidad para garantizar los derechos del alumnado y la mejora de nuestras universidades.
